En un mundo cada vez más interconectado y competitivo, los países deben definir estrategias claras que impulsen su desarrollo económico. Una hoja de ruta con políticas públicas claras, libres de ocurrencias, es indispensable para un crecimiento sostenible, reducir desigualdades y enfrentar la coyuntura global. Sin planificación, las naciones arriesgan quedarse rezagadas, perdiendo oportunidades y deteriorando el bienestar ciudadano.

En ese sentido, el ‘Plan México’, anunciado el pasado lunes 13 de enero por la Presidenta Claudia Sheinbaum, promete una visión ambiciosa de desarrollo económico y social para el país. Sin embargo, más allá de las metas y las cifras deslumbrantes que se han presentado, es imprescindible abordar críticamente los retos y múltiples contradicciones inherentes a esta propuesta.

Comencemos señalando que el Plan México se plantea como una continuación a la tradición de elaborar documentos para generar optimismo en la población y los empresarios. Es un plan que promete que México pasará de ser la economía número 15 (eso somos después de la reciente depreciación cambiaria) a la 10 del mundo, atrayendo 277 mil millones de dólares en inversiones nacionales y extranjeras. Sin embargo, estas promesas parecen ignorar los obstáculos estructurales que persisten, como la incertidumbre jurídica (y la inexistencia de contrapesos al Poder Ejecutivo), la corrupción, la insuficiente capacidad de generación y transmisión eléctrica, la infraestructura deficiente, la falta de mano de obra calificada y lo extendido que está la economía informal. Sin resolver estos problemas fundamentales, las metas del plan se ven más como aspiraciones vagas que como objetivos alcanzables.

El diablo está en los detalles

El Plan México también incluye objetivos específicos como elevar el contenido nacional de las exportaciones en un 15%, generar 1.5 millones de empleos adicionales y aumentar la inversión como proporción del PIB al 25%. Estas metas requieren una transformación significativa en la estructura productiva del país, especialmente en las cadenas de valor.

Un ejemplo claro es la promoción del ‘nearshoring’ como estrategia para atraer inversión extranjera y reducir la dependencia de insumos chinos. Sin embargo, la sustitución de importaciones no es un concepto exento de riesgos. La historia económica de México muestra cómo esta política, cuando se implementó durante el siglo pasado, llevó a ineficiencias masivas y al surgimiento de empresas públicas poco competitivas. Si bien fortalecer las cadenas de proveeduría es crucial, debe hacerse de manera cuidadosa sin sacrificar las ventajas comparativas ni distorsionar los mercados.

Como recientemente lo mencionó Enrique Quintana en su columna publicada en El Financiero, en los últimos años, una parte significativa de estas cadenas se ha configurado en torno a productos provenientes de China, cuya participación en las importaciones de México creció de 17.6% en 2017 a 20.6% en 2024, con una tendencia al alza. Al cierre de 2024, estas importaciones podrían haber alzanzado los 130 mil millones de dólares. Si bien es necesario disminuir la dependencia de productos e insumos chinos, hay que ser muy cuidadosos al adaptar las cadenas de valor para garantizar que las empresas en México operen sin contratiempos.

Por su parte, la promesa de incorporar 150 mil profesionistas y técnicos calificados adicionales anualmente enfrenta serias limitaciones en el sistema educativo actual. Según datos de la SEP, la inversión en educación superior ha disminuido un 5% en los últimos años, lo que dificulta la formación de capital humano. Además, solo el 25% de los egresados universitarios encuentra empleo en su campo de estudio, lo que subraya la desconexión entre el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral.

Infraestructura y energía: los pilares faltantes

El Plan también menciona el desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento del sector energético como elementos clave. Sin embargo, la realidad presupuestaria del país pone en duda la viabilidad de estos proyectos. La infraestructura actual no solo es insuficiente, sino que también enfrenta serios problemas de mantenimiento. Según el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), México necesitaría invertir al menos el 5% del PIB en infraestructura para cerrar la brecha existente, pero la inversión pública en este rubro ha sido inferior al 2% en los últimos cinco años.

En el sector energético, la dependencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para generar el 54% de la energía proyectada limita la participación de privados y perpetúa un modelo de monopolio estatal ineficiente. Además, los problemas en la red de transmisión eléctrica representan un obstáculo crítico para la expansión industrial y el crecimiento económico. Según cifras de la Secretaría de Energía, las pérdidas por ineficiencias en la red alcanzaron los 70 mil millones de pesos en 2023.

El papel del estado de derecho

La atracción de inversión extranjera directa, fundamental para el éxito del Plan México, depende de un marco jurídico confiable. Sin embargo, las acciones de este gobierno y el anterior para eliminar contrapesos y debilitar instituciones clave, como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), envía señales negativas a los inversionistas. En 2024, la inversión extranjera directa cayó un 10% respecto al año anterior, en gran parte debido a la incertidumbre jurídica y a cambios regulatorios abruptos.

Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), destaca que la simplificación de trámites es esencial para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), pero también resalta que estas empresas son particularmente vulnerables a la extorsión y a la falta de acceso a financiamiento. Sin un estado de derecho robusto, el riesgo de invertir en México se mantiene elevado.

Aspecto fiscal: una carga creciente

Uno de los aspectos menos discutidos del Plan México es su impacto fiscal. La promesa de generar 1.5 millones de empleos adicionales y construir infraestructura masiva requerirá recursos significativos. Actualmente, el gasto público en infraestructura es financiado gracias al gigantesco endeudamiento en el que incurre el estado mexicano. El nivel de endeudamiento del sector público ya equivale a cerca del 50% del PIB, y se proyecta que aumente al 52% para 2025 si no se implementan cambios fiscales que aumenten la recaudación.

Por otro lado, si bien es una magnífica noticia que se vayan a otorgar incentivos fiscales como la depreciación acelerada para nuevas inversiones, la realidad es que éstos podrían reducir los ingresos fiscales a corto plazo, exacerbando el desequilibrio fiscal. Según datos de Hacienda, las exenciones fiscales representan ya el 3% del PIB, y aumentarán si no se compensan con mayor crecimiento económico que se traduzca en mayores ingresos tributarios.

Retos externos: el impacto de Trump

El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos representa un factor de incertidumbre para la economía mexicana. Al momento de escribir estas líneas no hay claridad al respecto, pero la posibilidad de nuevos aranceles a las exportaciones mexicanas podría debilitar las cadenas de valor y reducir la competitividad de los productos nacionales. Aunque el Plan México busca promover el T-MEC como una herramienta de integración regional, la dependencia excesiva de este tratado también puede ser un riesgo. Actualmente, el 82% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, lo que subraya la vulnerabilidad ante cambios políticos en ese país.

Conclusión: entre el optimismo y la realidad

El Plan México se presenta como una ambiciosa hoja de ruta para impulsar el desarrollo económico del país. No obstante, sus promesas están llenas de contradicciones y enfrentan retos estructurales que no pueden ser pasados por alto. En el sector energético, persiste la tendencia de privilegiar la ideología sobre el pragmatismo, lo que limita su potencial transformador. Además, desafíos como la incertidumbre jurídica y corrupción, la falta de infraestructura, las deficiencias en el sistema educativo y los riesgos externos subrayan la magnitud de los obstáculos que debemos superar para que el plan sea exitoso.

Para que el Plan México sea más que un ejercicio retórico, es imprescindible que el gobierno de Claudia Sheinbaum enfoque sus esfuerzos en fortalecer el estado de derecho, mejorar la infraestructura y promover una mayor participación del sector privado. Solo así podrá evitar caer en los errores del pasado y construir un futuro más próspero para México.

Son tiempos de mucha incertidumbre y en GAEAP podemos mantenerte informado.