El debate sobre la reducción de la jornada laboral en México se concentra en la Cámara de Diputados, donde ya existen cuatro proyectos que buscan reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral semanal y garantizar un día adicional de descanso.
En comparación con intentos previos, los nuevos proyectos incluyen modificaciones al artículo 123 de la Constitución para abarcar también a los servidores públicos.
Además, se contempla una implementación gradual según el tamaño de las empresas, con plazos diferenciados que van de seis meses a tres años y medio.
También se propone un programa piloto de un año para evaluar la productividad y definir la transición.
El compromiso con la reducción de la jornada laboral fue asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado su intención de implementarla de forma progresiva durante su mandato.
La diputada Maiella Gómez Maldonado, presidenta de la Comisión de Trabajo, ha confirmado que la reforma es una prioridad en la agenda legislativa.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugiere que la transición debe ser gradual, sin afectar los salarios, y debe considerar las circunstancias particulares de cada país y sector.
Ejemplos de países que han implementado una reducción similar, como Chile y Colombia, muestran que la flexibilidad y la protección al salario son claves para el éxito de la reforma.
Reducción de la jornada laboral elevará costos para empresas
La reducción de la jornada laboral a 40 horas podría aumentar los costos de las empresas entre un 20 y 25 por ciento si se implementa de manera inmediata, según Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup para Latinoamérica, y Alberto Alesi, director de ManpowerGroup México.
Ambos directivos señalaron que las empresas no se oponen a la medida, pero sugieren que el cambio sea gradual, como ha sucedido en otros países.
Alesi destacó que el impacto varía según el sector, como en las aerolíneas, donde los costos podrían ser mayores.
Además, Flores subrayó que la reforma debe ir acompañada de un enfoque en productividad para que las empresas se mantengan competitivas.
En cuanto al salario mínimo, Alesi mencionó que podría aumentar en un 12.5%, como lo había propuesto el sector patronal.
Con información de El Economista y Reforma.