De 2018 a 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) remitió a 2 mil 533 de sus funcionarios al Ministerio Público (MP) y al Órgano Interno de Control (OIC) por diversos delitos y faltas administrativas.

Esta cifra es inferior a la los 4 mil 392 funcionarios remitidos en el sexenio de 2012 a 2018. 

Luis Pérez de Acha, socio fundador de Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, señaló que el SAT ha estado comprometido en los últimos años en combatir las prácticas irregulares, aunque advirtió que el número de funcionarios es considerablemente menor que en el pasado y que los años 2020 y 2021 fueron perdidos debido a la pandemia. 

Además, Pérez del Peral, académico de la Universidad Panamericana, consideró que las investigaciones judiciales relacionadas con funcionarios del SAT han sido influenciadas por intereses políticos, lo que ha llevado a una disminución en las denuncias.

Los delitos más comunes por los cuales los funcionarios son remitidos al MP o al OIC incluyen falsificación de documentos, fraude, uso de documentos falsos, y, los más frecuentes, acceso ilícito a sistemas informáticos y ejercicio ilícito del servicio público. 

Pérez de Acha destacó que el acceso ilícito a sistemas informáticos puede implicar el robo de información o la alteración de datos, lo cual es un delito grave.

La diferencia notable entre los funcionarios remitidos al OIC y al MP se debe a que acreditar faltas administrativas es más sencillo que presentar cargos penales. 

El especialista agregó que los funcionarios corruptos a menudo logran ocultar sus actos ilegales, lo que complica la labor investigativa.

Para mejorar el combate a la corrupción, sugirió la necesidad de una aplicación más eficiente de las leyes y de fortalecer los mecanismos de investigación internos, así como los procedimientos de seguimiento y la denuncia anónima. 

También subrayó la importancia de respetar los derechos de los acusados, incluida la presunción de inocencia.

Pérez del Peral destacó que otro desafío clave es el fortalecimiento de la gestión pública, en particular a través de la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

En este contexto, propuso una mayor coordinación entre la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de Hacienda y el SAT. 

Además, señaló que el combate a la corrupción en las aduanas es crucial, sugiriendo que se acelere la capacitación del personal, especialmente si se contempla la participación de la Marina y la Defensa en las revisiones aduaneras.

Con información de Expansión.