El Senado recibió una iniciativa para eliminar el tope de tres meses en el pago de utilidades a los trabajadores y prohibir límites máximos en este derecho. La propuesta plantea una nueva fórmula para la distribución de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).
La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), impulsada por senadores del Partido del Trabajo (PT), busca implementar un mecanismo que garantice a los empleados una parte justa de las utilidades generadas.
La iniciativa sugiere un piso mínimo, asegurando que el reparto nunca sea menor al promedio recibido en los últimos cinco años y que se aplique siempre el monto más favorable para los trabajadores.
En el contexto de reformas previas, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos promovió en 2021 una propuesta similar, argumentando la necesidad de proteger los derechos laborales. Desde la reforma de subcontratación del mismo año, el tope de tres meses fue incluido en la ley para mitigar distorsiones en el pago de utilidades tras la eliminación del outsourcing.
Este límite, aplicado por primera vez en 2022, establece que las empresas pueden ajustar el pago a tres meses de salario si excede ese umbral o basarse en el promedio de los últimos tres años, siempre buscando el beneficio del trabajador.
Según datos recientes, seis de cada diez grandes empresas aumentaron en más del 50% el PTU pagado, y un pequeño porcentaje reportó incrementos sustanciales.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que, tras la eliminación del outsourcing, 2.7 millones de trabajadores accedieron al reparto de utilidades por primera vez en 2021, con un aumento del 17% en los montos distribuidos el año pasado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este año constitucional el tope de tres meses al PTU, destacando que el Congreso tiene la facultad de legislar en este ámbito. La resolución se dio tras múltiples impugnaciones presentadas en contra de la reforma de subcontratación, que estableció reglas para servicios especializados.
La Corte subrayó que el régimen anterior presentaba abusos hacia los trabajadores subcontratados, afectando su reparto de utilidades y derechos sociales.
Con información de El Economista
