Al cierre de la administración anterior, los créditos fiscales pendientes de pago por parte de los contribuyentes ascendieron a 2.8 billones de pesos, cifra que el nuevo gobierno deberá cobrar.

El monto registrado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al finalizar el sexenio representa casi cuatro veces el saldo de 747 mil millones de pesos reportado al término del sexenio que concluyó en 2018.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señalan que los créditos determinados a empresas crecieron 4.1 veces, mientras que los correspondientes a personas físicas se duplicaron.

Los créditos fiscales definidos al cierre del tercer trimestre de 2024 derivaron principalmente de auditorías a grandes contribuyentes realizadas durante el último sexenio.

La ley faculta al SAT para revisar hasta los últimos cinco años fiscales con el fin de detectar incumplimientos tributarios y prevenir estrategias de reducción de impuestos.

El Plan Maestro del SAT implementado por la administración anterior mostró un incremento en los créditos fiscales determinados. Aquellos considerados factibles de cobro aumentaron en más de 323,000 casos, mientras los de baja probabilidad de cobro disminuyeron en casi 200,000, lo que refleja mayor precisión en las auditorías.

El nuevo gobierno enfrentará el desafío de cobrar los créditos fiscales determinados. Del total de 2.8 billones de pesos, el 63% (1.7 billones) se encuentra en disputa entre la autoridad y los contribuyentes, lo que impide su cobro inmediato, según el tercer informe trimestral de la Secretaría de Hacienda.

Los créditos en disputa son aquellos bajo medios de defensa promovidos por contribuyentes y no pueden ser objeto de acciones de cobro. Los créditos no controvertidos y factibles de cobro están en fases de ejecución administrativa, mientras que los de baja probabilidad corresponden a deudores insolventes, no localizados o en proceso de incobrabilidad.

Con información de Expansión