La Secretaría de Economía solicitó suspender la revisión de un acuerdo regulatorio para importaciones a través de plataformas de comercio electrónico.
La decisión fue anunciada el martes, tras recibir solicitudes de modificaciones y de postergar la implementación del acuerdo por parte de varias cámaras empresariales, que cuestionaron su eficacia para proteger los derechos de los consumidores, garantizar la seguridad en la trazabilidad y asegurar equidad en el sector.
Guadalupe López, encargada de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) en la Secretaría de Economía, pidió retirar el expediente de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) argumentando que las modificaciones normativas deben ser reevaluadas y, de ser necesario, rediseñadas en un nuevo proyecto.
En días anteriores, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) señaló que la regulación propuesta exige a las empresas de mensajería y paquetería registradas cumplir con información comercial en las plataformas de comercio electrónico para mercancías importadas.
Sin embargo, la asociación advirtió que el proyecto no detalla claramente las obligaciones de cumplimiento de información comercial y seguridad para el usuario, lo que, según la ANTAD, perjudicaría a los importadores tradicionales.
Además, la ANTAD propuso incluir la obligación para las plataformas de comercio electrónico de publicitar su cumplimiento mediante certificaciones y sanciones en caso de omisiones, conforme a la Ley de Protección al Consumidor y la Ley de Infraestructura de la Calidad.
Por su parte, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) expresó que la propuesta no toma en cuenta la posibilidad de declarar fracciones arancelarias genéricas a nivel pedimento, lo que podría comprometer la trazabilidad y facilitar abusos en el esquema de importación simplificada.
El proyecto establece que las importaciones realizadas bajo el acuerdo serían entregadas a través de servicios de mensajería y paquetería o terceros, con valor en aduana inferior a 2,500 dólares, y limitaría las importaciones simplificadas a 10 envíos mensuales por destinatario, exigiendo información comercial en beneficio del consumidor.
Con información de El Economista
