Hace casi cuatro años, el modelo de justicia laboral en México cambió con la introducción de un nuevo sistema que prioriza la conciliación como principal herramienta para resolver conflictos entre empleadores y trabajadores. Desde entonces, la conciliación individual ha recuperado 64,372 millones de pesos a favor de los trabajadores.

Gianni Rueda, coordinadora general de conciliación individual del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), señaló que se ha ganado la confianza de la ciudadanía, destacando los resultados obtenidos.

Desde el inicio de operaciones del CFCRL el 18 de noviembre de 2020 hasta la primera mitad de agosto de 2024, los acuerdos entre patrones y empleados han generado una recuperación promedio mensual de 1,430 millones de pesos para los trabajadores.

El monto recuperado por el CFCRL es casi seis veces superior al presupuesto asignado para implementar el nuevo modelo de justicia laboral, que incluye la creación de tribunales especializados.

Los 64,000 millones de pesos resultan de 232,223 convenios de conciliación, lo que representa el 70% de los conflictos laborales presentados ante el CFCRL.

Rueda explicó que la conciliación implica un cambio cultural, tanto para los trabajadores como para los litigantes, y subrayó que se busca fomentar una cultura de paz y una solución rápida de las controversias.

También mencionó que la reforma laboral de 2019 fortaleció el papel de los conciliadores, evitando la renuncia de derechos durante el proceso y asegurando la recuperación de las prestaciones correspondientes.

La funcionaria destacó que los convenios alcanzados en el CFCRL garantizan el pago total de las prestaciones de los trabajadores, quienes pueden acudir a esta instancia para solicitar la cobertura completa de sus derechos, incluso sin un despido de por medio.

Entre los retos actuales, Rueda reconoció que persisten desafíos como la lucha contra la corrupción en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Para contrarrestar esto, el CFCRL ha implementado procesos anuales de verificación, y la mitad de las salas de conciliación ya cuentan con cámaras y audio para grabar las audiencias.

Se espera que para fin de año, todas las salas estén equipadas con estos sistemas, con el objetivo de garantizar la transparencia y evitar actos de corrupción.

Estas mejoras se suman a otras medidas adoptadas por la autoridad, como las audiencias remotas y las sesiones en lenguas indígenas, que han permitido resolver conflictos con personas que se encuentran en otros países o que hablan lenguas como la maya.

Con información de El Economista