La reforma laboral de 2019 marcó un hito al renovar el sistema de justicia laboral, sin embargo, a pesar de los avances, las nuevas estructuras aún enfrentan desafíos y la transformación del sistema se mantiene en curso.
El abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani reconoció que a pesar de las limitaciones, los resultados “han sido muy positivos y cada vez se está avanzando más”.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 70% de los casos presentados en los centros de conciliación logran alcanzar un acuerdo.
Entre 2021 y 2022, se observó un aumento del 22.5% en la resolución de conflictos laborales, según las Estadísticas sobre Relaciones Laborales de Jurisdicción Local (Erlajul) 2022. La cifra pasó de 113,239 a 138,774 casos resueltos en ese periodo.
Del total de casos resueltos, el 40% se solucionó por convenio, es decir, en un centro de conciliación antes de llegar a un tribunal laboral.
En 2022, se registraron 3,151 casos de emplazamientos a huelga, lo que representa un 74.5% menos que en 2021. De estos casos, solo nueve sindicatos tuvieron que recurrir a la huelga para presionar por el cumplimiento de sus demandas, 10 menos que el año anterior.
A pesar de los avances, Manuel Fuentes, también abogado especializado en derecho laboral, describe un “escenario complejo” para los trabajadores en los centros de conciliación laboral. Además, señala que los nuevos tribunales laborales enfrentan un creciente retraso en la resolución de casos.
La reforma laboral de 2019 creó tribunales laborales para atender aquellos asuntos que no pueden ser resueltos en conciliación, como violaciones a derechos humanos o casos de violencia, o donde no se logró un acuerdo en la primera instancia.
Las juntas de conciliación y arbitraje, que anteriormente concentraban gran parte de las funciones de estas dos nuevas instancias, cerrarán sus puertas una vez que resuelvan el último caso que les fue presentado.
Sin embargo, la implementación de estos tribunales ha enfrentado diversos desafíos, especialmente en la Ciudad de México. Según el abogado Manuel Fuentes, la capital enfrenta una “crisis” en este aspecto. Si los asuntos no se concilian, “los trabajadores deben presentar una demanda ante un tribunal”, donde, según su experiencia, los tiempos de espera para que se comience a analizar el caso oscilan entre siete meses y un año.
Roberto Alvarado, proyectista en uno de los nueve juzgados laborales de la Ciudad de México, señala que la “gran mayoría del personal que actualmente está en los tribunales laborales proviene de ramas ajenas a lo laboral, como civil, penal o mercantil”. Esta falta de experiencia, aunada a la ausencia de capacitación, ha afectado la celeridad en la atención de casos desde el inicio de su funcionamiento.
La falta de personal y de presupuesto para la operación de los tribunales también contribuyen al rezago. “Ninguno de los tribunales tiene los administrativos suficientes”, afirma Alvarado. “Muchos tenemos que hacer funciones que no nos corresponden y que nos atrasan”.
Con información de El Economista