En 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó un decreto para fomentar la repatriación de capitales del extranjero, ofreciendo una tasa reducida de Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 8%. 

Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho jurídico Adame Elizondo, destacó que este gravamen era menor en comparación con las tasas internacionales, que oscilaban entre el 30 y el 35%.

El decreto, efectivo durante la revelación de los “Panama papers”, prometía simplicidad y confidencialidad, sin requerir la comprobación del origen de los fondos.

A pesar de su éxito inicial, alentando el retorno de aproximadamente 345 mil millones de pesos a México, la situación actual muestra que los inversionistas enfrentan rigurosas auditorías del SAT.

Pedro Raúl Lara, director de PRL Asociados, expuso que estos procedimientos revisan el origen de los capitales repatriados, a pesar de que el decreto original no lo exigía. 

Ejemplificó con el caso de una heredera que repatrió su capital y ahora enfrenta exigencias fiscales que superan el monto repatriado.

La situación ha generado desconfianza entre los inversionistas, quienes, cumpliendo con los requisitos legales del decreto, ahora ven amenazada su estabilidad financiera.

Manuel González López, de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, criticó la postura del SAT, argumentando que el decreto no pretendía una fiscalización del origen de los capitales, lo cual pone en evidencia un posible interés recaudatorio más que de cumplimiento legal.

Con información de Reforma.