Grisel Galeano, procuradora fiscal de la federación, indicó que el gobierno federal da “la última batalla” para combatir el outsourcing o subcontratación ilegal, tras la reforma laboral de 2021.

Aseguró que esta figura se utilizaba en la iniciativa privada y en todos los niveles de gobierno, pero se abusó de ella en detrimento de los trabajadores.

“Era una alternativa para diversos tipos de negocios que abusaron de su situación para violentar los derechos laborales”, afirmó.

Galeano mencionó que, a pesar de la reforma, aún hay empresas que incurren en subcontratación ilegal.

“Son sistemas complejos, incluso de engaño a la autoridad, pero estamos dando una batalla importante para que esto cese”, declaró.

Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2021 se incluyeron nuevas reglas para la tercerización de servicios especializados.

La procuradora fiscal detalló que la Procuraduría Fiscal de la Federación colabora en el combate al outsourcing ilegal de manera indirecta.

Especificó que al organismo a su cargo le corresponde identificar indicios desde el punto de vista fiscal de empresas que pudieran estar incumpliendo con su objeto, tratando de engañar a la autoridad.

Posteriormente, estos indicios se comparten con la Fiscalía General de la República (FGR) u otras autoridades competentes, quienes verifican que las empresas estén cumpliendo con su objeto y no estén tratando de engañar a las autoridades.

Tras la reforma, 2.5 millones de trabajadores subcontratados a través de terceras empresas fueron contratados por sus verdaderos patrones.

Con información de El Economista