Los partidos que aún no han asegurado su apoyo para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas en México solicitan una implementación gradual de la medida, así como estudio sobre el impacto en la seguridad social y en sectores especializados.
En octubre de 2022, la diputada federal Susana Prieto Terrazas (Morena) propuso la reforma para aumentar los días de descanso y reducir la jornada laboral. En abril de 2023, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó un dictamen a favor, pero la reforma será nuevamente analizada después de ocho meses.
Las cámaras empresariales expresaron en un Parlamento Abierto que la reducción de la jornada laboral afectaría a las micro, pequeñas y medianas empresas, llevándolas a la informalidad o al cierre.
Asimismo, argumentaron que habría menos recaudación de impuestos y cuotas de seguridad social.
Ricardo Barbosa Ascensio, presidente de la Comisión Laboral la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y asesor del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), advirtió que la informalidad crecerá, disminuyendo la recaudación de impuestos.
Por su parte, Mariano Serna Muñoz de la Canaco sostuvo que el costo laboral se elevaría al 70% de las ganancias.
La Comisión de Seguridad Social indica que la reforma no tendría un impacto económico negativo ya que no contempla modificaciones fiscales ni en cuotas patronales.
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) señaló que la reforma encarecería la mano de obra especializada, afectando a las empresas que buscan profesionales en sectores específicos. Esto podría generar dificultades para encontrar personal especializado.
Las personas en desacuerdo con la reforma solicitan recabar la opinión actualizada de un centro de estudios competente de la Cámara de Diputados.
Estas demandas podrían retrasar la dictaminación de la reforma, cuyo objetivo de aprobación es antes del 15 de diciembre.
Con información de El Economista.
