La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Baja California, a cargo de Mónica Juliana Vega Aguirre, ha llevado a cabo una serie de acciones para hacer cumplir la normativa ambiental en la región, con un enfoque particular en Tijuana, Mexicali y Ensenada.

En este sentido, se han registrado un total de 32 clausuras y 103 suspensiones contra diversas industrias que no han cumplido con los estándares ambientales requeridos.

De acuerdo con la titular de la secretaría, se han realizado un total de 800 inspecciones a empresas asentadas en la región, siendo 487 de ellas realizadas en el año 2022 y las restantes 313 durante el transcurso del presente año 2023.

Estas inspecciones han sido motivadas tanto por denuncias presentadas por la ciudadanía como por el programa de cumplimiento a la normativa ambiental que abarca a industrias y recicladoras, entre otros sectores.

Los aspectos objeto de revisión incluyen el manejo de materiales pétreos, la contaminación de la atmósfera, la descarga de aguas residuales, la omisión de permisos de impacto ambiental y las afectaciones al suelo, entre otros.

Según lo informado por la funcionaria estatal, en numerosos casos, las empresas no responden a las inspecciones ni a los requerimientos iniciales, lo que ha llevado a la imposición de sellos de suspensión como medida más drástica.

En términos de sanciones económicas, durante el año 2022 se recaudaron un total de 5 millones 179 mil 426 pesos como resultado de las medidas tomadas contra las empresas infractoras. En lo que va de 2023, esta cifra ha aumentado a 6 millones 497 mil 986 pesos. Estas sanciones buscan incentivar el cumplimiento de las normativas ambientales y garantizar un entorno más sustentable en la región.

Con información de El Imparcial