El Poder Judicial de la Federación (PJF) ha emitido una resolución en la cual señala que las empresas agrícolas de exportación no pueden subcontratar jornaleros y están obligadas a cumplir con las reglas de inspección laboral establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Esta jurisprudencia, que es de acatamiento obligatorio para todos los juzgados, busca evitar la evasión de impuestos y proteger los derechos laborales de los trabajadores, por lo que obliga a las empresas a a contratar directamente a su personal y cumplir con las regulaciones laborales y de seguridad social.
El PJF estableció que permitir la subcontratación de jornaleros por parte de estas empresas podría dar lugar a la evasión de impuestos y perjudicar al Estado.
El Congreso realizó reformas a la Ley Federal del Trabajo en 2021 para limitar el modelo de subcontratación. Además, la STPS emitió el “Acuerdo por el cual se establecen criterios de inspección en materia de subcontratación relacionados con la agroindustria de exportación” con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las regulaciones por parte de las empresas.
A pesar de estas medidas, algunas compañías agrícolas presentaron amparos para evitar la aplicación del acuerdo mencionado. Si bien un tribunal federal les otorgó la razón en algunos casos, otros tribunales se negaron a suspender el acuerdo.
Finalmente, el Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur determinó que la falta de verificación de estas organizaciones podría causar perjuicio al interés social y contravenir disposiciones de orden público. Como resultado, se ha establecido la jurisprudencia antes mencionada.
En México, más de 2.3 millones de jornaleros y jornaleras se dedican a la agricultura. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 94% de ellos no tiene contrato laboral y el 43% gana menos del salario mínimo legal. Estos trabajadores, en su mayoría migrantes de los estados del sur del país, se han visto afectados por prácticas laborales precarias y la falta de protección en el empleo.
Con información de El Economista
