La Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuenta con directrices desde hace más de 60 años para que los países implementen una política pública de disminución gradual del límite legal de horas de trabajo, teniendo como meta 40 horas semanales.
Estas directrices se encuentran en la Recomendación 116 y contemplan la aplicación de un convenio, aunque también pueden ser autónomas.
Los puntos abordan la disminución de horas de trabajo, tanto en los casos que se rebase el límite semanal reconocido por el organismo (48 horas), o bien cuando se pretenda reducir la duración de la jornada de trabajo que ya se encuentra en un máximo de 48 horas o menos.
De acuerdo con lo establecido por la OIT, las claves para implementar la disminución de la jornada laboral son:
- Debe ser progresiva y sin reducir sueldo.
- Se puede realizar por vía legislativa, reglamentaria o por contrato.
- El proceso debe considerar las circunstancias de cada país y de cada sector, esto incluye el nivel de desarrollo de la nación, los progresos obtenidos con la implementación de tecnología y la necesidad de elevar el nivel de vida de la población.
- El principio de progresividad puede aplicarse en el tiempo, por rama o sector, o cualquier otra fórmula más apropiada a las condiciones del país.
- Dar prioridad a las industrias o actividades con un esfuerzo físico o mental especial o con riesgo para la salud de las personas trabajadoras.
- La autoridad de cada país debe determinar en qué circunstancias y dentro de qué límites podrán autorizarse excepciones a la duración normal del trabajo.
En el instrumento, la OIT indica que cada miembro debería fomentar y, dentro de los límites en que sea compatible con las condiciones y costumbres nacionales, asegurar la aplicación del principio de la reducción progresiva de la duración normal del trabajo, empleando medios apropiados a los métodos vigentes o que pudieran establecerse para reglamentar la duración del trabajo.
Con información de El Economista