Reforma a la LFT sobre el derecho humano a la salud mental en el trabajo

El Senado aprobó el 14 de febrero de 2023 la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en sus artículos 3 y 25 relacionados con la Salud Mental en el Trabajo, por lo que fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión.

Esta reforma tiene como objetivo que los lugares de trabajo garanticen condiciones de salud mental y establezcan protocolos para la prevención y erradicación de las violencias, incluida la verbal y la psicológica.

La exposición de motivos señala que hay una prevalencia de la ansiedad en México, la cual pasó del 15% de la población antes de la pandemia al 50% después de las primeras olas de la Covid-19.

Por otro lado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señala que el ausentismo laboral relacionado a padecimientos psicológicos representa una pérdida de 23.8% en la productividad de los empleados en México.

En ese tenor, se calcula que aumente de 11 a 15% el gasto destinado a la atención de discapacidades laborales psicosociales para el siguiente año. La falta de atención a los factores de riesgo psicosocial en el mundo del trabajo le cuesta al aparato productivo nacional cerca de 16 mil millones de pesos anuales.

Cabe destacar que México public[ó el 23 de octubre de 2018 la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención.

Sin embargo, los empleadores deberán actualizar las condiciones generales de trabajo y emitir el Programa Integral para la Promoción y Protección del Derecho Humano a la Salud Mental en el Trabajo en un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto de esta reforma.

En tanto que la STPS, en coordinación con la Secretaría de Salud, deberán emitir los Lineamientos para la Protección y promoción de la Salud Mental en el Trabajo, a que se refiere el artículo 25, fracción XI de esta Ley, en un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto.

Con información de El Economista.