La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) iniciará la aplicación de una nueva estrategia de inspección a empresas con ejercicios más focalizados, derivados del cruce de información con autoridades fiscales y de seguridad social.

Desde 2019 la dependencia trabaja en este cambio de estrategia, sin embargo la pandemia retrasó su implementación.

Para este año, la STPS tiene la meta de inspeccionar alrededor de 40 mil centros de trabajo, priorizando el cumplimiento de la reforma de subcontratación, salario mínimo, reparto de utilidades y centros de trabajo con altas tasas de incapacidades.

El titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, Alejandro Salafranca, recalcó que prepararán más las inspecciones antes de ponerlas en marcha, con los datos exactos de las empresas.

Previo al cambio del modelo la eficiencia de las inspecciones era cercana al 60%. No obstante, la focalización de los ejercicios, ha mejorado la eficiencia entre 85 y 95%, expuso el funcionario.

Pese a que se realizan menos ejercicios, éstos son más profundos, estratégicos y eficientes porque se envía a los inspectores a los centros de trabajo donde se observa una irregularidad de antemano, detalló.

Adicionalmente, la STPS prepara cambios al Reglamento General de Inspección que contemplan una reducción en los plazos para solventar incumplimientos observados durante una visita.

El último anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) busca fijar este período en 30 días hábiles para presentar los documentos requeridos y hacer correcciones para casos de inspecciones de seguridad y salud, y de cinco días por una verificación de condiciones generales de trabajo.

Salafranca puntualizó que el objetivo es modificar la realidad objetiva de los centros de trabajo, en seguridad y salud.

Inspecciones laborales en dos fases

Por otro lado, detalló que una de las problemáticas observadas por la dependencia es que 90% de los juicios por sanciones impuestas por la autoridad laboral se perdían debido al tiempo que demoraba la dependencia en su proceso de inspección.

“Nos dimos cuenta que el plazo que podía transcurrir entre que el inspector iba a una empresa, la empresa contestaba y se daban los plazos, solicitaba una prórroga y se cerraba la inspección, se abría el proceso sancionador y se le otorgaban otra vez plazos a la empresa, podían transcurrir hasta 200 días”, abundó.

Por ello, la verificación de centros laborales se ha dividido en dos fases, “el proceso de inspección acaba en unos plazos y cuando ocurre, se cierra ese expediente. Cuando ese expediente entra en el proceso sancionador, se trata de otro expediente y otro proceso jurídico y, por tanto, es el que se llevaría los tribunales y es sobre el que se tendrían que medir los tiempos”.

Otro cambio en el sistema de inspección es la reducción de 240 a 60 indicadores estratégicos que conforman las NOM de seguridad y salud en el trabajo para verificar a las empresas cuando exista una denuncia o un accidente de trabajo, agregó Salafranca.

Con información de El Economista.