La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde Luján, aseguró que México le ha dado prioridad al cumplimiento de los compromisos laborales del T-MEC, así como a las quejas del Mecanismo de Respuesta Rápida.
A dos años de la entrada en vigor del acuerdo comercial, la funcionaria dio un balance de las acciones que se han emprendido con relación al Capítulo 23, mismo que calificó como la agenda laboral más ambiciosa que se haya incluido en un tratado comercial.
En ese tenor, mencionó que se han presentado formalmente cuatro quejas al amparo del Tratado, de las cuales 3 fueron resueltas:
- General Motors, Silao: Una representación sindical nueva ganó con el 78% de aprobación y logró en la negociación colectiva para un contrato inicial un incremento salarial histórico de 8.5%.
- Tridonex, Matamoros: Se garantizó un recuento para la representación sindical bajo condiciones de certidumbre y de libertad, dando como resultado que el 86% de los trabajadores votaron y decidieron por cambiar de representación gremial.
- Panasonic, Reynosa: El plazo de 45 días de revisión está por concluir aunque el nuevo sindicato que ganó la constancia de representatividad logró un acuerdo con la empresa para un contrato colectivo con incrementos salariales del 9.5%.
Alcalde Luján admitió que aún existe una importante brecha en la materia frente a los socios comerciales de México “pero estamos avanzando en que nos convirtamos en una región económicamente fuerte, pero también protegida de esa manera”.
Agregó que no se han impuesto sanciones comerciales a ninguna empresa, ni se ha instalado un panel de arbitraje.
Reclamos suman 7 mil 318 mdd
La presente administración federal acumula siete reclamos de arbitraje al amparo del TLCAN, el T-MEC y de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), mismos que suman alrededor de 7 mil 318 millones de dólares (mdd).
Estos asuntos se refieren a litigios que interpusieron empresas contra el país, en los cuales argumentan que hubo incumplimiento de compromisos por parte del gobierno o por políticas públicas que los afectaron.
Esos litigios inversionista-Estado suman al menos 7 mil 318 mdd de pagos por daños que las empresas argumentan que sufrieron, en la mayoría de los casos entre 2015 y 2018.
Los inversionistas tienen hasta tres años para imponer sus reclamaciones, lo que significa que hasta el 30 de junio de 2023 podrán interponer litigios bajo el capítulo de disputas entre inversionistas y el Estado.
Las denuncias al amparo del TLCAN son:
First Majestic Silver Corp, reclamó en mayo de 2020 el pago de daños por 500 mdd por acciones del SAT de incautación, embargos, congelamiento de cuentas bancarias y revocación de licencias en el sector minero al no reconocer el acuerdo de doble tributación.
Legacy Vulcan y Calizas Industriales del Carmen: Demanda un pago por daños por mil 500 mdd, por afectaciones que tuvieron en su concesión portuaria, su proyecto de extracción, así como cuestiones relacionadas con los pagos de impuestos locales y federales.
Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro: Demandó por violaciones al TLCN el 7 de octubre de 2019, afirmando que los obligaron a aceptar reducciones a las tarifas de arrendamiento establecidas en los contratos, por lo que reclaman 270 mdd.
Odyssey Marine Exploration: Exigió un pago de 2 mil 600 mdd, acusando a la Semarnat de bloquear el proyecto de minería marina.
Espíritu Santo Holdings: Pidió resarcir daños por 2 mil 300 mdd ya que no se reconoció un contrato de concesión de 10 años para el cambio de taxímetros.
Terence Highlands: Reclama que se le negó el control y posesión de dos embarcaciones arrendadas a Oceanografía tras un aseguramiento de bienes a esta última.
Finley Resources: Pide un pago de daños por 148 mdd por incumplimiento de contratos con Pemex.
Adicionalmente, existen ocho “casos activos” que ingresaron entre 2015 y mayo de 2018, bajo el amparo del TLCAN y de acuerdos de inversión.
Con información de El Economista y El Universal.
