El proyecto de Dictamen de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal de 2022 votarían este lunes las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos del Senado mantiene la sanción de tres meses a seis años de prisión a los auditores que dictaminen empresas y que no informen a las autoridades de un ‘probable’ delito fiscal y la obligatoriedad de la inscripción al RFC para los mayores de 18 años.

También prevé dejar sin cambios los principales parámetros macroeconómicos como la proyección de crecimiento del PIB de 4.1%, el precio estimado de barril de petróleo de exportación de 55.1 dólares y el tipo de cambio de 20.3 pesos por dólar.

Asimismo, se mantendría la proyección de ingresos del gobierno por un total de 7 billones 88 mil 250.3 millones de pesos.

En este tenor, la presidenta entrante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), advirtió que la sanción a los contadores ocasionaría que algunas firmas no acepten trabajos de auditoría para no correr los riesgos.

“Nuestro interés es que esto se replantee y consideren que nosotros actuamos en función de normas internacionales de auditoría”, manifestó.

Por su parte, la secretaría de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas, lamentó la criminalización que se hace de los contadores públicos.

“El trabajo del contador es elaborar un dictamen y emitir una opinión, lo que no significa una denuncia y ahora le ley quiere que el contador sea un denunciante de las actividades que realiza la empresa”, expuso.

Limite a deducciones

Asimismo, los senadores planean mantener la modificación al artículo 151 de Ley del ISR para limitar las deducciones de donativos.

Sobre la inscripción de los mayores al RFC, el texto establece que el registro no implica carga administrativa ni obligaciones fiscales por los ingresos que pudieran tener los mayores de 18 años sin actividad económica.

También dejan el artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos, para legalizar los llamados autos ‘chocolates’, a fin de establecer que los ingresos obtenidos por la regularización de vehículos usados pueden ser utilizados en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur.

Con información de El Financiero.