STPS da marcha atrás a proyecto para endurecer las inspecciones

La STPS analizará las observaciones de la IP

Tras recibir más de 100 observaciones de la iniciativa privada, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio marcha atrás a su proyecto para reducir de 90 a 5 días el tiempo que tienen los empleadores para corregir las irregularidades detectadas durante una visita verificación por parte de las autoridades.

El proyecto, consistente una modificación al reglamento general de inspección, se encontraba en análisis en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer); sin embargo, la dependencia retiró el proyecto argumentando que se encuentra en un proceso de análisis.

Este cambio al reglamento también contemplaba la eliminación de las inspecciones de comprobación, así como la inclusión de dos nuevos criterios para las verificaciones extraordinarias, como las derivadas de una estrategia específica del programa anual de inspección o las enfocadas en comprobar el cumplimiento de medidas dictadas por la propia autoridad.

De acuerdo con información de El Economista, esta propuesta recibió 25 expedientes con observaciones del sector privado, entre las que destacan un tiempo de respuesta general para todas las irregularidades sin contemplar el riesgo que puedan tener éstas y un impacto diferenciado entre los grandes y pequeños empleadores.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la reducción del tiempo de corrección representaba una seria desventaja para las Pymes ante los grandes empleadores, quienes tienen una mayor facilidad para solventar el cumplimiento de tal regulación.

El vicepresidente de la Comisión Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria de Coparmex, Juan José Cabrera, detalló que la falta de recursos técnicos y humanos de las pymes les impediría dar respuesta en un tiempo tan corto, lo que generaría gastos por multas o hasta clausuras del negocio.

Actualmente el reglamento de inspección establece un plazo de entre 30 y 90 días para que las empresas realicen las modificaciones necesarias como resultado de las irregularidades detectadas en una visita de la autoridad.

Según la propuesta de la STPS el periodo de cinco días de respuesta únicamente podría prorrogarse cuando en los casos de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, con la debida justificación por parte de la empresa.

En ese tenor, la dependencia reconoció que la reducción de los plazos tendría un impacto económico para las empresas, debido a la premura de hacer las correcciones. No obstante, destacó que se han presentado accidentes que ponen en peligro la vida de los trabajadores por esperar la modificación de las irregularidades en los 90 días.

En su dictamen preliminar, la Conamer apuntó que los beneficios sociales del proyecto eran superiores a los costos por cumplimiento; pero en apego al marco legal, la STPS tenía que evaluar las observaciones de la iniciativa privada para incluirlas en la propuesta, o bien, justificar el por qué eran descartadas.

Operativos especiales

Actualmente, el reglamento señala que los inspectores para las verificaciones de campo deben ser asignados aleatoriamente, salvo situaciones en las que se requiera un grado de especialización; mas la STPS planteaba agregar los operativos especiales como un nuevo criterio para asignar a los inspectores de manera directa.

La Coparmex señaló que esta propuesta generaba incertidumbre jurídica ya que no define a las ‘estrategias y operativos especiales’, lo que puede derivar en multas y sanciones a los centros de trabajo sí como resultado de su aplicación existen discrepancias entre la interpretación entre las autoridades y los patrones.

Juan José Cabrera aclaró que la iniciativa privada no está en contra de la modificación del marco regulatorio y confió en que los comentarios expuestos a la STPS ayudarán a la creación de un nuevo proyecto más apegado a las posibilidades de respuesta de las empresas.

Con información de El Economista.

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