De acuerdo con el estudio “El trabajo en México rumbo al 2022” de Worky, la segunda mitad de este 2021 destaca por una agenda laboral cargada para las empresas sobre el cumplimiento de nuevas regulaciones; aunque pocos centros de trabajo reconocen los riesgos de ni cumplir con las nuevas disposiciones legales.

El documento destaca entre los primeros desafíos la prohibición de la subcontratación laboral, la regulación del teletrabajo, así como la implementación de la NOM-035.

El director de Operaciones de Worky, Carlos Marina, expuso que los cambios en materia de outsourcing pueden complicar a las empresas, porque internalizar a toda una base de colaboradores es complejo, toma mucho tiempo y es muy caro.

Recordó que en menos de cinco meses se han presentado dos cambios regulatorios importantes en materia laboral. En enero entró en vigor la reforma de teletrabajo que estableció los criterios y obligaciones tanto para empleadores como para trabajadores en la implementación de esta modalidad.

Tres meses después, fue decretada la reforma de subcontratación e inició una ruta de implementación que está a unos días de concluir.

Señaló que estas reformas se sumaron a nuevas normas laborales que las empresas deben atender como la aplicación de la NOM-035, la cual demanda que las empresas se aseguren que no existan factores de riesgo psicosocial como estrés, traumas o acoso.

El cambio normativo es obligatorio, subrayó, y el enfoque no debe ser darle la vuelta, sino tomar las nuevas regulaciones como una oportunidad para transformarse y hacer mejor las cosas.

Según el estudio, la digitalización de los procesos de gestión de personal, la experiencia digital de los colaboradores, asumir los costos derivados del trabajo remoto y el registro de riesgo psicosocial son las medidas que consideran las empresas para cumplir con las nuevas regulaciones.

A pesar de lo anterior, sólo una de cada cinco organizaciones está consciente de los riesgos por incumplir con las nuevas disposiciones legales; el 19% consideró que las quejas y las denuncias son un elemento que afectaría el negocio por incumplir con las nuevas reglas; mientras que otro 16% refirió que las inspecciones son la principal consecuencia de no atender las reformas.

Carlos Marina enfatizó que no seguir con estas nuevas normas además pueden traer consecuencias penales.

En este tenor, adelantó que el porcentaje de empresas que reconoce los riesgos del incumplimiento incrementará en la medida que más organizaciones se regularicen, pero también con base en la “vigilancia y monitoreo que estarán realizando las autoridades”.

El informe de Worky señala que las nuevas regulaciones han llevado al área de Recursos Humanos a tomar un rol estratégico en el futuro del negocio, convirtiéndola en una función central y estratégica para las organizaciones.

La función de estos departamentos será clave para el cumplimiento de las reformas legales y la construcción de una mejor experiencia del empleado para incrementar la retención y la felicidad en el trabajo.

Con información de El Economista.