Senado aprueba en lo general la regulación de outsourcing

Con 118 votos a favor y 2 abstenciones, el Senado de la República aprobó la nueva regulación del outsourcing y prohibir la subcontratación ilegal a través de agencias de empleo. A partir de esta reforma, las empresas ya no podrán subcontratar a trabajadores para realizar labores permanentes y el outsourcing sólo estará permitido para tareas especializadas o temporales.

Se reconocerán las obligaciones fiscales de las empresas y quedará prohibido que el gobierno federal subcontrate personal, salvo el caso que requiera de servicios especializados y siempre que el contratista esté registrado.

Además, quienes intervengan en el proceso de contratación bajo la modalidad de agencias de empleo o intermediarias no tendrán la calidad de patrones y sólo podrán participar en los procesos de reclutamiento.

El contratista deberá estar registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para poder realizar la subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas.

“La reforma tiene la finalidad de robustecer el empleo, la figura de la subcontratación laboral y eliminar diversas prácticas que producen una verdadera afectación a los derechos laborales de los trabajadores, permitiendo atender las necesidades de las empresas para que estas mantengan sus esquemas de producción y prestación de servicios”, manifestó el senador Ricardo Monreal.

Por su parte, la senadora Claudia Ruiz Massieu señaló que la aprobación del presente dictamen contribuirá fortalecer las finanzas públicas, porque las empresas se verán obligadas a pagar impuestos y la seguridad social de sus trabajadores

En tanto que, para el sector privado, la reforma permitirá brindar certidumbre jurídica para el sector privado, ya que se permitirá mantener la subcontratación, destacó la legisladora.

La bancada del Partido Acción Nacional denunció que la reforma le dio al gobierno federal el beneficio de realizar las adecuaciones necesarias hasta el 1 de enero de 2022, mientras que a las empresas únicamente se les otorgó un plazo de tres meses después de su entrada en vigor.

Con información de El Universal.

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