Diputados aprueban reforma en outsourcing, pasa al Senado

Con 248 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el decreto de la reforma en materia de subcontratación sin considerar los artículos reservados. Ahora pasará al Senado para su discusión.

La reforma contempla reglas más restrictivas, al sólo permitir el outsourcing como un servicio especializado sujeto a la obtención de un registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y a la realización de inspecciones, dando de plazo tres meses a las empresas para su aplicación.

De esta forma, se realizarían cambios la Ley Federal del Trabajo (LFT), del Seguro Social (IMSS), del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), del Código Fiscal de la Federación (CFF), del Impuesto Sobre la Renta (ISR), del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), de la ley reglamentaria del Apartado B.

Es importante considerar que, de acuerdo con el dictamen aprobado por los Diputados,  las empresas contarán con un plazo de 90 días a partir de la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que lleven a cabo los ajustes para cumplir con el nuevo marco legal. En el caso de los cambios relativos a las obligaciones de seguridad social, empezará a contarse a partir de agosto de 2021.

Cabe destacar que en el proceso legislativo se incluyeron cambios al Apartado B del artículo 10 Bis de la LFT, por lo que “se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de las dependencias e instituciones (de gobierno) y que se permita únicamente la subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público, que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo”.

Con base en lo anterior, las dependencias gubernamentales deberán realizar las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor e implementación del mismo, se realicen con cargo al presupuesto aprobado a cada una de ellas en el presente ejercicio fiscal y subsecuente.

Otro aspecto importante que se incluyó en el decreto es el tope en el pago de utilidades a 90 días.

La esencia de la reforma:

  • Las empresas y el gobierno solo podrán subcontratar servicios y obras especializadas que no formen parte de su objeto social o actividad económica preponderante.
  • Las agencias de empleo podrán participar sólo en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación de personal, pero no podrán ser patrones de las personas que colocan en las empresas.
  • La empresa que subcontrate servicios u obras será responsable solidariamente en caso de que la contratante no cumpla con sus obligaciones patronales (SAT, IMSS, Infonavit).
  • Las empresas de subcontratación tendrán que registrarse y formar parte de un padrón de la STPS; el registro se renovará cada tres años. La dependencia tendrá 30 días después de publicada la reforma para expedir las reglas correspondientes.
  • Las empresas de subcontratación tendrán que entregar cada 4 meses un informe al Infonavit y al IMSS con los datos de los contratos celebrados con otras empresas, la información de los trabajadores y la determinación del salario base.
  • Sólo podrán ser deducibles o acreditadles los pagos de subcontratación de servicios u obras que no formen parte de la razón social o actividad preponderante de una empresa.
  • Utilizar esquemas simulados de subcontratación será considerado defraudación fiscal, delito que se castiga con cárcel.
  • El reparto de utilidades tendrá como límite máximo el equivalente a 3 meses de salario o el promedio recibido en los últimos tres años, lo que resulte más alto.

Con información de El Economista.

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