Luego de que el Gobierno federal y el sector empresarial acordaran posponer a febrero de 2021 la discusión y eventual votación de la iniciativa con la que se regula el outsourcing, y firmaron un documento donde se comprometen a resolver el problema del abuso de subcontratación de personal.
El acuerdo detalla que también se harán cambios en el esquema de reparto de utilidades, pues “en el marco de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo en la que no se podrá subcontratar personal, no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido”, expuso la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde.
De acuerdo con El Financiero, el acuerdo provocó la división al interior del sector privado, ya que Canacintra, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Coparmex rechazaron suscribirlo, al considerar que coarta la libertad de la subcontratación, atenta contra la creación y preservación de empleos formales y afecta a las micro y pequeñas empresas.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, manifestó que estos tres de los 12 organismos que integran la máxima cúpula empresarial no suscribieron el acuerdo en su derecho de buscar los intereses de sus representados, por lo que se mantendrán respetuosos a su decisión.
No obstante, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio Del Valle, indicó que los organismos empresariales coinciden en que se deben combatir las prácticas abusivas e ilegales.
Inversiones en riesgo
Por su parte el presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, expuso que la eliminación de este esquema podría alejar inversiones por al menos 400 mil millones de dólares en los próximos años, por lo que lo óptimo para el país es armonizar su legislación con sus socios del T-MEC.
En tanto que el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), Héctor Márquez, aseguró que el acuerdo es positivo para perfeccionar la iniciativa de outsourcing, ya que es necesario incluir medidas para combatir a los evasores y para mejorar las condiciones de los trabajadores.
Con información de El Financiero.
