Empresas que subcontraten servicios especializados serán responsables solidarios de los empleados

• Deberán hacerse cargo de las omisiones patronales de los contratistas.

De aprobarse la reforma en materia de outsourcing en el congreso mexicano, las empresas que subcontraten servicios especializados deberán asegurarse de que el proveedor cuente con el permiso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de lo contrario podrían ser sancionados por las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones patronales al ser considerados responsables solidarios de los trabajadores.

El socio del despacho Cervantes-Quijano, Roberto Quijano Sosa, explicó que la iniciativa enviada al Congreso de la Unión implica una serie de reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT), Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Código Fiscal de la Federación (CFF), Ley del Seguro Social, así como a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Sobre la reforma a la LFT, mencionó que en el artículo 13 se prohíbe la subcontratación de personal, es decir, que se ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de terceros. Sin embargo, en el artículo 14 pone como excepción la contratación de ‘servicios especializados’ siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

  • Que el proveedor cuente con una autorización de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS).
  • Que las actividades no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa.
  • Celebrar por escrito el acuerdo, establecer los servicios y determinar el número de trabajadores.

El especialista en derecho laboral refirió que cuando no se cumpla con lo anterior, ambas partes (empresa y contratista) serán solidariamente responsables con sus trabajadores.

“Esa disposición ya existía y en la práctica sí se da. Cuando una empresa es demandada ante la Junta de Conciliación, el abogado del trabajador demanda a dos o tres empresas porque el trabajador prestaba sus servicios en esas empresas durante determinado periodo de tiempo y regularmente terminan siendo sancionadas aquellas que no comparecen, por lo que hay que tener cuidado con esa disposición”, detalló.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 15 de la LFT, los subcontratistas deberán cumplir con las siguientes condiciones:

  • Contar con autorización de la STPS con vigencia de 3 años.
  • Acreditar el carácter especializado de los servicios y ser parte del padrón de servicios especializados que se creará.
  • Estar al corriente en sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social.

En caso de aplicarse esta nueva reglamentación, el ponente sugirió que aquellas empresas que requieran de algún servicio especializado contraten a los prestadores que están dentro del padrón.

Asimismo, mencionó que la reforma prevé una sanción de 250 a 5 mil UMAS (de 21 mil 720 a 434 mil 400 pesos) a aquellas empresas que no permitan las inspecciones laborales o se rehúsen a entregar documentación, así como de 2 mil a 50 mil UMAS (de 173 mil 760 a 4 millones 344 mil pesos) a las empresas contratantes y subcontratistas que se presten servicios sin autorización.

Quijano Sosa agregó que no hay necesidad de que las empresas tomen acciones por el momento ya que la iniciativa se encuentra en proceso legislativo, por lo que puede sufrir modificaciones en Comisiones y Pleno del Congreso de la Unión.

Por su parte, el socio del despacho TP Legal Group, Leobardo Tenorio, comentó que se espera que la reforma entre en vigor el 1 de enero de 2021 con el objetivo de frenar el incremento de esquemas de subcontratación simulados, así como la expedición de facturas que surgen de la simulación.

A su vez, explicó que en materia de seguridad social también se establece una responsabilidad solidaria para los que contraten la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras.

“Con esto, quienes contraten un servicio de subcontratación conforme a lo permitido por esta reforma, van a ser responsables solidarios de las cuotas del seguro social que la empresa prestadora del servicio no pague. Esto supone un problema porque las empresas contratantes deberán estar fiscalizando a las prestadoras de servicio especializado, lo que representa una mayor carga administrativa”, detalló.

Tenorio comentó que esta responsabilidad solidaria también se aplicará en el caso del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) cuando se aplique la sustitución patronal a la que se refiere el artículo 41 de la LFT.

“En el caso del INFONAVIT, se pretende que haya una responsabilidad solidaria para que el nuevo patrón sea responsable de las obligaciones derivadas antes de la sustitución, es decir, si el antiguo patrón no dio de alta a los trabajadores ante el Instituto o no pagó correctamente las cuotas, el nuevo patrón es responsable” sentenció.

Respecto a los cambios al CFF, dijo que no se darán efectos fiscales a la deducción o acreditación de comprobantes fiscales a la subcontratación de personal, lo que significa que si hay un beneficio de esa subcontratación, será un gasto no deducible.

Por ello, el fisco podrá infraccionar a quienes den efectos fiscales por los “servicios permitidos” cuando no se cumpla con los requisitos establecidos en la legislación fiscal.

Asimismo, la reforma responsabiliza al contratante de los servicios especializados del ISR que los prestadores del servicio no hayan enterado al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El especialista de TP Legal advirtió que la Ley puede catalogar como defraudación fiscal a quienes utilicen esquemas simulados o esquemas de subcontratación prohibida por la LFT, por lo que exhortó a las empresas a estar atentos a los cambios que puedan hacerse a la reforma.

La reforma se justifica en que los esquemas de subcontratación afectan los derechos laborales de los trabajadores, a lo que argumentó que el gobierno ya cuenta con las facultades para sancionar la expedición de facturas simuladas y castigar las prácticas patronales que violen los derechos de sus empleados.

Tenorio agregó que la reforma asimila el outsourcing a delincuencia organizada y que su prohibición de afectaría a alrededor de 4 millones de empleados bajo este esquema en el país y a las empresas que sí cumplen con sus deberes.

Aunado a lo anterior, aseveró que existen casos en los que los corporativos no autorizan la contratación de más trabajadores por lo que las empresas deben de recurrir a la subcontratación para poder cumplir con sus metas productivas; toda vez que pese a la reforma, el outsourcing ‘malo’ seguirá operando sin un esquema que garantice el cumplimiento.

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