Cambios propuestos por la SHCP para 2021 encaminados a fiscalizaciones más certeras

El Paquete Económico para 2021 contiene una serie de cambios en los reglamentos fiscales que, aunque no pegarán directamente en los bolsillos de los contribuyentes, estarán encaminados a dar herramientas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que realice actos de fiscalización más certeros y precisos, coincidieron analistas de Deloitte.

El socio de impuestos de esta firma, Jorge Sánchez Hernandez, refirió que en el contexto de la pandemia de Covid-19 las empresas pidieron la instrumentación de una serie de estímulos fiscales que les permitieran mitigar los efectos adversos de ésta, pero estas medidas no llegaron y no están contempladas en el paquete entregado por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a los legisladores.

En este sentido, comentó que el gobierno tampoco ha propuesto nuevos impuestos y los cambios fiscales para 2021 no incluyeron un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas saborizadas ni alimentros con alto contenido calorico, no establecen impuestos a las herencias, tampoco incluyen reglas para determinar los intereses no deducibles, ni se dan a conocer reglas para esquemas reportables.

En cambio, se dio una ampliación a la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en servicios médicos en la Ley de este gravamen, así como las cuotas complementarias a combustibles automotrices en la Ley del IEPS.

Por su parte, el también socio de Deloitte, Carlos Ramírez, señaló que buena parte de las reformas en materia fiscal tienen que ver con ajustes en la legislación con el propósito de que la autoridad pueda combatir cierto tipo de irregularidades y argumentos recurrentes que hacen valer los particulares en los medios de defensa.

Aunado a lo anterior, comentó que en el Código Fiscal de la Federación (CFF) se precisa que si el contribuyente se niega a firmar el acta, no invalida la diligencia de auditoría sino que la autoridad fiscal va a hacer constar esa situación en el acta levantada y la diligencia será legal.

Además, la autoridad podrá hacer uso de la tecnología para hacer constar hechos, bienes y/o activos, a fin de respaldar lo que observan al momento de ejecutar sus facultades de comprobación, tal es el caso de cámaras fotográficas, grabadoras de audio y video, entre otras.

“Hoy en día es común que la autoridad fiscal, cuando lleva a cabo una visita domiciliaria detecta que las condiciones o características del domicilio fiscal de algunos contribuyentes no son idóneas o congruentes con la actividad que éstos dicen realizar y así lo hacen constar en actas. Sin embargo es complicado poder realizar una descripción idónea de lo que están observando y que sirva de prueba para fundamentar las decisiones al momento de resolver la situación del contribuyente.”, expuso el especialista en Tax Controversy.

En este contexto, aclaró que el SAT solo podrá ejercer esta facultad si está motivada formalmente en el ejercicio de facultades de comprobación y tiene que estar orientada a bienes y activos del contribuyente.

Entre otros cambios, mencionó que se precisa en el CFF que la autoridad podrá agotar una visita en más de una diligencia sin la necesidad de abrir nuevas actas; toda vez que se prevé la prórroga de 10 días para la presentación de documentos distintos a aquellos que deben constar en la contabilidad del contribuyente, esta ampliación se aplicaría al plazo de 6 días que actualmente se otorga para tal efecto.

Respecto a la revisión del dictamen fiscal, Ramírez expuso que se aclara que la comparecencia del auditor no será únicamente para exhibir papeles de trabajo sino también para responder cuestionamientos de la autoridad revisora. Asimismo, se confirma que no se permite la comparecencia a través de una representación legal.

Por otro lado, Gonzalo Gómez, socio de impuestos de Deloitte, recordó que desde este 2020 los contribuyentes están obligados a informar ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) cualquier cambio de socios o accionistas cada vez que se realice una modificación o incorporación; pero en la iniciativa presentada como parte del Paquete Económico 2021 se precisa que esto aplicará también para cualquier figura análoga a éstos, independientemente del nombre que tengan en los estatutos de la persona moral.

Sobre las modificaciones relativas a los acuerdos conclusivos, el socio de impuestos y servicios legales de esta firma, Hernaldo Vega, comentó que el plazo para solicitarlos se limita a los 15 días siguientes a aquel en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional.

Asimismo, se incluyen las siguientes como causas de improcedencia:

  • Facultades de comprobación para verificar la procedencia de devolución de saldos a favor o pago de lo indebido.
  • Compulsas a terceros.
  • Actos derivados de la cumplimentación a resoluciones o sentencias.
  • Cuando haya transcurrido el plazo de 15 días.
  • Tratándose de empresas que facturen operaciones simuladas (EFOS), ya sean presuntas o definitivas.

La socia de Tax Controversy de Deloitte, Marissa Herrada, explicó que la SHCP propuso 4 modificaciones a la suspensión o cancelación de Certificados de Sello Digital (CSD). En primer término, dejar sin efectos de manera inmediata los CSD cuando una empresa emita CFDI’s apócrifos y cuando realice transmisión indebida de pérdidas fiscales.

A lo anterior se agrega un límite de 40 días hábiles para presentar la solicitud de aclaración; las autoridades deberán restablecer el uso del CSD al día siguiente al que se presente la aclaración en tanto ésta sea resuelta. Por último, se propone ampliar el plazo de 3 a 10 días hábiles para que las autoridades fiscales resuelvan la solicitud de aclaración.

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