El Covid-19 complica los preparativos para el nuevo modelo de justicia laboral

La pandemia de Covid-19 y la declaratoria de emergencia sanitaria del gobierno federal está afectando la implementación del nuevo modelo de justicia laboral contemplado en la Reforma Laboral del 1 de mayo de 2019, que iniciaría en el mes de octubre de 2020 en 10 estados de la República Mexicana, comentó el presidente del Colegio de Abogados Laboristas de Baja California, Felipe Hernández.

Indicó que la contingencia vino a rezagar los procesos de transición que se tenían previstos para este año, a ralentizar la metodología de implementación y a saturar las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

“En el caso de Baja California, donde el nuevo modelo está previsto para iniciar en 2021, no estamos preparados aún para judicializar los procedimientos actuales”, manifestó el abogado laboralista.

Asimismo, recordó que uno de los principales cambios que iniciarán a finales de este año es que los Centros de Conciliación sustituirán a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, es decir, los procesos conciliatorios ya no dependerán del poder ejecutivo sino que pasarán al poder judicial a través de tribunales laborales, logrando así tener un proceso más expedito que evite realizar una demanda formal.

El presidente del Colegio de Abogados Laboralistas de Baja California, comentó que este nuevo modelo traerá un cambio estructural que agilizará el desarrollo de los acuerdos entre los patrones y trabajadores, así como entre las empresas y los sindicatos al simplificar los procesos.

Asimismo, la judicialización traerá consigo un impacto en el ámbito laboral positivo, muy beneficioso para ambas partes al momento de llegar a acuerdos.

Respecto a la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, comentó que su principal función será la concertación entre las partes y así evitar un juicio laboral que determine cuál de las partes tiene la razón.

En este sentido, el laborista detalló que dentro del nuevo modelo no se podrán presentar pruebas de ningún tipo por parte de las empresas y los patrones, ya que su objetivo primordial es el de lograr un pacto que no afecte a ninguna de las partes.

Cabe destacar que esta nueva forma de acuerdo laboral tendrá una Junta de Gobierno, integrada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); misma que estará encargada de designar mediante concursos de oposición a los funcionarios de los distintos tribunales laborales.

Por otro lado, el Centro Federal de Conciliación y el Registro Laboral también tendrá la función de registrar los contratos colectivos y los sindicatos, beneficiando así a la democracia sindical, al necesitar la aprobación de la mayoría de los agremiados sobre los pactos que se lleguen con los empleadores.

Lo anterior, detalló Hernández, permitirá que los trabajadores puedan afiliarse al sindicato que deseen, o bien, no tener ninguna afiliación sindical. Con esta nueva legislación pueden coexistir hasta tres asociaciones gremiales dentro de una empresa.

Los contratos colectivos que no cumplan con la Ley Federal del Trabajo (LFT) no serán tomados en cuenta por las autoridades competentes en caso de que se dirijan a un Centro de Conciliación, por lo que es necesario estar actualizados con los lineamientos establecidos por el gobierno federal.

Por último, Felipe Hernández recordó que el procedimiento para los registros está establecido en la Ley. No obstante, no se invalidarán aquellos contratos colectivos que no estén registrados ante este organismo del poder judicial.

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