La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha tomado relevancia en los últimos meses con casos que involucran a exfuncionarios de administraciones pasadas. Esta instancia administrativa tiene la facultad de recibir reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, con el fin de analizar las operaciones y diseminar los análisis para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
A pesar que en 2019 esta unidad tuvo sus mejores números desde su creación, se hicieron evidentes las deficiencias, barreras normativas y estructurales a las que se enfrenta y que permean en el combate al lavado de dinero.
De acuerdo con su director, Santiago Nieto Castillo, la UIF se encontraba prácticamente desmantelada y desvinculada cuando asumió la titularidad en diciembre de 2018, lo que lo llevó a realizar un análisis FODA y una planeación estratégica, definiendo cinco temas prioritarios: combate al robo de hidrocarburos, trata y tráfico de migrantes, empresas fachadas y factureras, narcotráfico y corrupción política.
Los números
En 2019, la UIF presentó 164 denuncias por lavado de dinero y bloqueó 4 mil 600 millones de pesos, 52 millones de dólares, así como mil 875 euros a personas señaladas de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con base en lo anterior, su titular indicó que el actuar de esta unidad es resultado a las observaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional realizó a México sobre su lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Cuestionan visibilidad
De acuerdo con El Economista, la UIF ha destacado por su participación en casos de relevancia nacional: desde el robo de hidrocarburos; los presuntos casos de corrupción en Pemex que apuntan a su exdirector Emilio Lozoya; las presumibles conexiones de magistrados federales con cárteles de la droga y el señalamiento al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por supuesto lavado de dinero.
Sin embargo, expertos en la materia consideran que esto no es una buena señal para UIF y su labor de coadyuvar en la lucha contra el lavado de dinero ya que esta unidad debe desempeñarse de manera discreta, sin emitir declaraciones que puedan afectar su coordinación con otras dependencias como la Fiscalía General de la República (FGR) y mermar la lucha del gobierno contra el lavado de dinero.
Retos y obstáculos normativos
En el 2019, la UIF no sólo tuvo reporte de los mejores números de su historia, sino también sufrió por las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al congelamiento de cuentas, apunta el medio de comunicación.
En ese sentido, se vio forzada a desbloquear más de 10 mil millones de pesos a personas señaladas de cometer actos de lavado, en su mayoría por resoluciones judiciales de los jueces de amparo.
El congelamiento de recursos es una medida cautelar que tiene la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pueden dar paso al lavado de dinero o financiamiento al terrorismo; no obstante, la SCJN declaró esta acción como inconstitucional desde hace años.
Cabe destacar que la única reforma relacionada con la UIF que se presentó y votó en el Congreso de la Unión en 2019, fue la modificación al artículo 116 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, con el fin de fortalecer legalmente el mecanismo del bloqueo de recursos que realiza la unidad; sin embargo, ésta de último momento se trabó y quedó suspendida.
Dentro de los cambios que se buscan impulsar, se prevén modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como ley antilavado; a la ley de Instituciones de Crédito; al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Con información de El Economista.
