Diferentes dependencias del gobierno federal constituyeron el Grupo de Trabajo para el combate a la Subcontratación Ilegal, mismo que busca terminar con las prácticas de defraudación a los trabajadores, sus derechos básicos y lavado de dinero mediante el intercambio de información, informó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Lusa María Alcalde Luján.
Este grupo está integrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
La funcionaria estima que actualmente alrededor de 5 millones de trabajadores se encuentran subcontratados como resultado de las nulas inspecciones a este esquema por parte de las administraciones anteriores.
En este contexto, puntualizó que la Ley Federal del Trabajo (LFT) define a la subcontratación legal como un servicio especializado, que permite que los negocios se dediquen a su actividad principal sin distraerse en actividades no propias de la empresa;
Mientras que la ilegal es definida como aquella que traslada la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de cubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales o de seguridad social, lo que afecta a los trabajadores y fomenta la competencia desleal entre empresas que sí cumplen, explicó.
Aunado a lo anterior, Alcalde Luján comentó que existen alrededor de 6 mil empresas de subcontratación abusiva, que pudieran estar afectando a los derechos de los trabajadores y evadiendo aproximadamente un monto de 21 mil millones de pesos anuales.
Al respecto, el de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que se han identificado tres tipos de subcontratación ilegal:
- La generación de empresas fachada.
- La facturación de operaciones simuladas.
- El outsourcing ilegal.
A raíz de lo anterior, en lo que va de la presente administración se han presentado 51 denuncias; 31 ligadas con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas, y 5 con casos de outsourcing ilegal.
Asimismo, reveló que el Grupo de Trabajo Contra la Subcontratación Ilegal realizó 7 operativos especiales de inspección a grandes empresas, detectando 10 mil trabajadores subcontratados ilegalmente, así como 36 empresas subcontratistas involucradas.
Además, se detectaron mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, las cuales concentran más de 862 mil trabajadores con probable afectación en sus derechos, expuso Nieto Castillo.
Por su parte, el titular de la PFF, Carlos Romero Aranda, comentó que recibirán las vistas de la UIF, el SAT y del IMSS para investigar los delitos fiscales correspondientes y de proceder formulará las querellas que den inicio a los procesos penales.
A su vez declaró que los proveedores de esquemas de subcontratación ilegal serán perseguidos como delincuencia organizada, conforme a la reforma penal fiscal aprobada en octubre del 2019. Asimismo, podrán ser condenados hasta con penas de prisión de 14 a 20 años.
Romero Aranda agregó que los empresarios que han hecho uso de estos esquemas podrán ser sancionados penalmente. No obstante, están en posibilidades de acercarse a las autoridades fiscales con la oportunidad de regularizarse antes de que sean procesados.
