Con la elección de Margarita Ríos-Farjat como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su salida de la jefatura del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien sea designado como su reemplazo en el órgano recaudador y fiscalizador se enfrentará a retos que van de la mano con la meta de recaudación prevista en la Ley de ingresos de la Federación (LIF) para 2020, así como dar cumplimiento a la nueva legislación fiscal sobre la emisión de facturas que amparen operaciones simuladas o inexistentes.
De acuerdo a la LIF publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 25 de noviembre, el Gobierno Federal contempla una captación de recursos de poco más de 6.1 billones de pesos para el año 2020. De este total se estima que se recauden más de 3.5 billones por concepto impuestos. Lo anterior significa que más de la mitad del presupuesto para el próximo año provendrá de los contribuyentes a través del SAT.
Cabe destacar que la meta de recaudación es superior a la presentada en la Ley de Ingresos para 2019, que establecía una meta de 3.3 billones de pesos sin la creación de nuevos gravámenes e incrementos a las tasas existentes, sino con la estrategia que ha desarrollado el SAT.
Por tal motivo, quien ocupe la jefatura del SAT deberá seguir con tal plan, que incluye acciones como la implementación de herramientas tecnológicas que, de acuerdo con el administrador central de Operación de Canales Remotos de la dependencia, Oswaldo Fuentes Lugo, “constituye la posibilidad para que la autoridad amplíe su alcance sobre los contribuyentes, detecte de manera más rápida presuntas irregularidades y busque a los contribuyentes de una manera más expedita”.
Asimismo, otro reto para la autoridad fiscal es cumplir con sus facultades para el cumplimiento del marco jurídico (Código Fiscal de la Federación y Ley Federal contra la Delincuencia Organizada) que equipara los delitos fiscales como delincuencia organizada, que contempla prisión preventiva a las personas físicas y morales que emitan o compren comprobantes fiscales de operaciones inexistentes o simuladas, siempre y cuando tres o más personas se organicen para cometer la falta de forma reiterada y que los comprobantes sumen una cantidad superior a los 7.8 millones de pesos.
Aunado a lo anterior, estos fraudes superan los 300 mil millones de pesos, lo que equivale a 1.4% del PIB en daños económicos a la hacienda pública y al Estado mexicano, según el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.
Cabe recordar que esta iniciativa causó dudas en el sector empresarial respecto al criterio que las autoridades utilizarán para determinar cuándo se considera un delito que amerita prisión preventiva, y aunque el SAT ya ha dado explicaciones al respecto, el tema continúa siendo muy delicado. Por este motivo, quien tome las riendas de la dependencia deberá estar preparado para dar certidumbre a las empresas que son cumplidas con la Ley, así como sancionar debidamente a quienes cometan delitos.
Según información difundida por algunos medios de comunicación, la actual Administradora General de Auditoría Fiscal Federal, Rosalinda López Hernández, sería la sucesora de Ríos-Farjat en la jefatura del SAT.
