De acuerdo con un análisis sobre el Paquete Económico 2020, realizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no otorgará la firma electrónica (e.firma) a los contribuyentes que no acrediten plenamente sus datos de identidad, domicilio y situación fiscal.
Lo anterior de acuerdo con la iniciativa de decreto que propone modificar el quinto párrafo del artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación (CFF), para incorporar la facultad del SAT de no otorgar una e.firma cuando los contribuyentes no proporcionen información suficiente sobre los datos ya mencionados.
De acuerdo con información de El Economista, el SAT tampoco otorgará la firma electrónica si no logra validar la información proporcionada; deteniendo así la generación de firmas electrónicas a posibles empresas facturadoras con operaciones inexistentes.
Al respecto, la jefa del SAT, Margarita Ríos Farjat, puntualizó que existen varias clases de informalidad pero velarán por el cumplimiento de los pequeños negocios, que muchas veces desatienden sus obligaciones fiscales más por desconocimiento que por voluntad propia.
En la propuesta de modificaciones fiscales, la Federación pide que el SAT mediante reglas de carácter general establezca los documentos y el procedimiento para validar la información proporcionada por el contribuyente, señala el medio de comunicación.
En este sentido, se dotaría al SAT de atribuciones para impedir de origen la generación de la e.firma de contribuyentes que sean detectados por sus esquemas de riesgo y detener la operación a posibles empresas facturadoras de operaciones inexistentes.
Cabe destacar que este endurecimiento obedece a que el SAT ha detectado que la mayoría de las empresas facturadoras de operaciones inexistentes muestran patrones de comportamiento irregulares detectables al momento de la generación de su e.firma.
Entre las inconsistencias más recurrentes se encuentran las vinculadas con su actividad económica, con su infraestructura y capacidad operativa, con su domicilio fiscal, entre otros.
Con información de El Economista.
