El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, reiteró que la ley aprobada por el Senado, que equipara la defraudación fiscal como crimen organizado no es terrorismo fiscal, como la han calificado algunos senadores.

Durante su primera comparecencia en la cámara alta, el funcionario manifestó que en otros países no se habla tan abiertamente de la probabilidad de poder hacer algún tipo de defraudación fiscal como en México, de ahí que se está tomando esta medida.

“En Estados Unidos, si alguien no quiere pagar impuestos y ocupa un documento falso que es otorgado por un tercero, es un tema de cárcel. Aquí, se conoce el fraude y no se hace nada”, manifestó.

Además, reconoció que la percepción generalizada de que la medida propuesta en la nueva ley es un exceso, es en parte responsabilidad de las autoridades por no saber comunicar y explicar la importancia de estas medidas.

En este sentido aclaró que no se castigará a cualquier contribuyente que cometa un error en su declaración de impuestos, sino que la ley establece que se investigará a quienes no hayan reportado el pago de impuestos por 10 millones de pesos o más.

Si alguien es señalado por la autoridad, se tiene que pasar por diversos filtros para que pueda ser acusado por defraudación fiscal, explicó el titular de la SHCP.

Primero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza una auditoría y establece la existencia de un delito. Después, va a la Procuraduría Fiscal de la Federación, que se encargará de investigar y determinar si es un delito fiscal calificado o no.

En caso de que sí haya delito, se envía a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual deberá formular una querella y si determina que sí hay delito, se envía a un juez para que se determine si hubo o no, una conducta delictiva.

“De tal forma que no es una decisión exclusiva de Hacienda; están involucrados el SAT y la Procuraduría Fiscal, como también dos órganos autónomos distintos”, concluyó Herrera.

Con información de El Economista.