De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), existen áreas de oportunidad en la legislación para tener un mejor régimen jurídico en el combate al lavado de dinero, las cuales involucran una mayor vigilancia sobre los sindicatos y fideicomisos que realicen una actividad vulnerable.
Información de El Economista señala que, de acuerdo con un documento preliminar a la segunda Evaluación Nacional de Riesgos, son necesarios algunos ajustes a la legislación con el fin de atender las observaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hizo a México en su última evaluación al país, así como robustecer y mejorar el régimen nacional de la prevención del lavado de dinero para las actividades vulnerables.
De igual forma, indica que es necesario modificar la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita o ley antilavado.
Información de sindicatos
La UIF tendría facultades para requerir información sobre los sindicatos y sus dirigentes en cualquier momento. Esto a través de una modificación a la ley antilavado para que los donativos que reciban este tipo de organizaciones ya no sean clasificados como actividad vulnerable y se permita solicitar información en cualquier momento.
En la actualidad, los donativos que reciben los sindicatos pueden llegar a ser superiores a mil 605 UMAs, es decir, poco más de 135 mil pesos.
Al respecto, la ley establece que, al convertirse en una actividad vulnerable, los donativos deben tener toda la información de sus clientes o usuarios y presentar los avisos correspondientes, por conducto del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la UIF.
Mayor vigilancia sobre fideicomisos
En tanto que los cambios relacionados con fideicomisos, tienen el objetivo aplicar una mayor vigilancia sobre aquellos que realicen una actividad vulnerable como, la compraventa de bienes inmuebles o el arrendamiento inmobiliario.
Según el documento, este cambio obligaría a las personas que establezcan un fideicomiso a que realicen una de las 20 actividades vulnerables establecidas en la ley antilavado, a estar identificadas plenamente y de acuerdo con su actividad o tipo de operaciones, para lo cual se presentarían los avisos necesarios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de la normativa.
La última evaluación del GAFI a México señaló un riesgo del uso indebido de fideicomisos, que generalmente son utilizados por extranjeros para comprar bienes e invertir en México y, aunque las instituciones financieras están obligadas a identificar las diferentes partes de los fideicomisos, esto no ocurre con los beneficiarios.
“Si el fideicomitente es una persona jurídica, las IF (instituciones financieras) no van más allá de identificar la titularidad legal. Ha habido algunos casos donde los fideicomisos fueron utilizados para invertir fondos ilícitos”, mencionó el reporte del GAFI sobre México.
Sociedades mercantiles
Por otra parte, la UIF destacó la importancia de adicionar un capítulo sobre los beneficiarios finales en el marco normativo del combate al lavado de dinero, con el fin de que todas las sociedades mercantiles, sin importar si realizan una actividad vulnerable o no, detecten a su beneficiario final.
Endurecerían penas por el delito de terrorismo
Asimismo, la institución de la SHCP tiene identificadas las mejoras normativas que se podrían hacer al Código Penal Federal, para endurecer penas por el delito de terrorismo; al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que la unidad sea una invitada permanente a las reuniones que celebre el Comité Coordinador del sistema anticorrupción.
No obstante, este documento no detalla en qué momento se presentarán las citadas reformas.
Con información de El Economista.
