Reforma penal fiscal se aprueba el Senado

La Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular el paquete de reformas para tipificar la defraudación fiscal como crimen organizado, elevar la conducta ilegal a rango de amenaza a la seguridad nacional y aplicar prisión preventiva oficiosa a los delincuentes que evadan al fisco.

Tras el debate de lo general, se aceptaron tres propuestas con cambios al artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, al 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al 113 Bis del Código Fiscal de la Federación; las cuales fueron presentadas por los senadores de Morena Rocío Abreu, Napoleón Gómez Urrutia y Ricardo Monreal Ávila.

El primer cambio, precisa que la reforma entrará en vigor el día 1 de enero del 2020. El segundo, que las conductas cometidas antes de que aplique la reforma legal para endurecer las penas a los defraudadores fiscales se continuarán investigando, juzgando y sentenciando. La tercera modificación establece que no aplicará la prisión preventiva oficiosa ni se tratará como delincuentes o criminales organizados a quienes expidan facturas falsas por hasta aproximadamente 8 millones de pesos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, propuso precisar que será sancionado con las mismas penas al quien anuncie la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados a sabiendas de que se trata del delito tipificado como tal.

Senadores de las bancadas del PRI y el PAN señalaron que los cambios promovidos por el gobierno federal son negativos y terminarán por afectar a los contribuyentes en general y las inversiones.

En este sentido, la senadora del grupo parlamentario del PAN, Minerva Hernández, manifestó que las medidas aprobadas afectarán a los contribuyentes cumplidos, poniéndolos a merced de mayores actos de corrupción por parte de funcionarios que bajo la amenaza de prisión preventiva oficiosa tomarán provecho de la situación.

Sin embargo, el autor de la enmienda, Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito, aclaró que la misma habrá de favorecer a 1.3 millones de empresarios.

Asimismo, dio a conocer que de acuerdo con cifras del Servicio de Administración Tributaria, (SAT) se crearon más de 9 mil empresas fantasma entre junio de 2014 y junio de 2018, las cuales simularon actos jurídicos inexistentes por más de 2 billones de pesos con facturas falsas.

El representante reiteró que no habrá persecución al empresariado y sí protección a los contribuyentes. Además que habrá sanciones más fuertes a quienes pretendan extorsionar.

En cambio, La senadora priísta, Claudia Anaya Mota, calificó a este paquete de reformas como “terrorismo fiscal’’ y “extorsión institucional”, al equiparar a personas que no realizaron de manera correcta o adecuada su declaración anual de impuestos con quienes dolosamente defraudan al fisco.

Mientras que el panista Gustavo Madero Muñoz declaró que la defraudación fiscal no se combate como lo quiere hacer el gobierno en turno, ya que el SAT cuenta con la Unidad de Inteligencia Financiera, la lista negra del 69-B del Código Fiscal para saber quiénes son los que evaden impuestos y emiten facturas falsas.

Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, afirmó que el cambio legal combatirá a las empresas fantasma y la compraventa de facturas falsas; aunque pidió no considerar el delito de defraudación fiscal como amenaza a la seguridad nacional.

Además, el senador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, quien también respalda la enmienda, solicitó no dejar los tipos penales abiertos, ni las conductas a sancionar a la interpretación.

Puntos destacados de la reforma

Los cambios

  • La reforma entrará en vigor el día 1 de enero del 2020.
  • Las conductas cometidas antes de que aplique la reforma legal para endurecer las penas a los defraudadores fiscales se continuarán investigando, juzgando y sentenciando.
  • A quienes expidan facturas falsas por hasta aproximadamente 8 millones de pesos no aplicará la prisión preventiva oficiosa ni serán tratados como delincuentes o crimen organizado.

Lo que permanece

  • Se considerará amenaza a la seguridad nacional el fraude al fisco.
  • Se busca ir por el beneficiario final.
  • Sanciones de cinco a ocho años de cárcel para quien compre una factura falsa.
  • Protección a personas que ayuden en la investigación (testigos protegidos).
  • “Servidores públicos serán castigados severamente”.

Con información de El Economista.

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