Agricultores mexicanos advierten de las complicaciones logísticas que ocasionaría la revisión del 100% de los camiones de tomate que lleguen a la frontera. El director de del Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Mario Robles, señaló que equivaldría a la inspección de 120 mil camiones al año.
Esta propuesta la realizó el Departamento de Comercio de Estados Unidos y el Centro de Comercio Internacional (ITC), las cuales llevan a cabo una investigación de dumping por parte de exportadores mexicanos.
Dicha investigación responde a que desde 1996 una coalición de productores domésticos de Florida pidieron al gobierno norteamericano realizar la investigación por dumping del tomate mexicano, la cual determinó que había un margen de esta práctica de 17.5% de valor de cada embarque.
No obstante, ese mismo año se formó el Acuerdo de Suspensión Antidumping del Tomate entre productores mexicanos y el Departamento de Comercio de Estados Unidos con la condición de no vender el fruto por debajo del precio de referencia.
Este acuerdo se ha revisado y renovado cada cinco años. Actualmente el plazo del acuerdo venció y se realiza la revisión correspondiente a 2018; mientras tanto, en mayo Estados Unidos impuso aranceles de 17.5% a los tomates mexicanos.
De acuerdo con T21, Estados Unidos propuso a los tomateros de México que todos los camiones con este producto sean inspeccionados obligatoriamente, lo que provocará demoras en aduanas de hasta tres horas por unidad ya que hay camiones de carga mixta.
Mario Robles señaló que esta medida afectaría también a otros sectores de exportación al saturar físicamente las aduanas. Estas inspecciones se realizan aleatoriamente a 7% de los camiones que cruzan la frontera.
Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que en la reunión que tuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se le planteó la afectación a 1.4 millones de personas en México: además que, de seguir adelante con esta clase de medidas, se paralizarían al menos tres puntos fronterizos.
Agregó que este no es un asunto bilateral, sino legal al interior de Estados Unidos, es decir, es una investigación sobre prácticas de dumping que debe resolverse internamente de ese país.
Con información de Revista T21.
