Con el objetivo de combatir a las empresas que venden facturas falsas para que un contribuyente pague menos impuestos o incluso pida la devolución de un saldo a favor inexistente, denominadas “factureras”, integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado de la República pactaron establecer entre cinco y ocho años de prisión para quien cometa este delito.

En las negociaciones ya existe el consenso para establecer en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación que los delitos relacionados con la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados sean considerados como graves y que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, existe un punto de controversia ya que los representantes del gobierno y la Fiscalía, defienden la idea de que el delito de defraudación fiscal amerita prisión preventiva; mientras que organizaciones de la sociedad civil, así como empresariales y de abogados, coinciden en que el tema de la reforma no debe ser defraudación fiscal.

Con información de El Financiero.